Ecuador 86: Realidades, retos, oportunidades y amenazas de la reconstrucción tras el terremoto de Manabí.

El sábado 16 de abril un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter impactó con fuerza en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y sobre todo en Manabí. El sismo deja hasta el momento (6 días después de ocurrido) un saldo de más de 580 muertos, centenares de casas y edificaciones destruidas, 8340 heridos, más de 150 desaparecidos, infraestructuras destrozadas y centenares de familias damnificados. Se habla de más de 25000 personas acogidas en albergues temporales.

El epicentro se localizó en Pedernales, balneario y población turística hoy completamente destrozada y afectó otros asentamientos humanos como Jama, El Matal, Cojimíes, San Vicente, Chone, El Carmen, Sucre, Rocafuerte, Bahía, Junín, Flavio Alfaro, etc.

Los daños y pérdidas de vidas también han sido muy importantes en las dos ciudades más importantes y pobladas de la provincia de Manabí: Portoviejo, su capital y Manta, su principal puerto.  
  

En todas esas poblaciones se habla de que entre el 50 y el 80 % de las edificaciones de sus zonas urbanas y sobre el 50% en las zonas rurales han sido afectadas por el sismo. Las construcciones mixtas de madera y ladrillo o bloque no resistieron la intensidad del sismo, pero también muchas edificaciones de hormigón sufrieron serios daños o colapsaron por completo.

Resulta importante ahora pensar con calma en los retos, oportunidades y amenazas de la reconstrucción y reactivación tras el terremoto.

Las personas que han perdido a sus seres queridos, sus bienes, sus fuentes de trabajo e ingresos obviamente ven un panorama poco alentador y muy trágico en lo inmediato. Pero lo importante es que puedan recibir apoyo y soporte para seguir adelante.

En un primer momento la solidaridad de todos los ecuatorianos expresados a través de generosas donaciones y trabajo voluntario, la colaboración de países amigos a través de donaciones y el trabajo de rescatistas y brigadistas sirven de soporte para que la población afectada pueda salir adelante. El trabajo efectivo de los diversos estamentos del Estado sirve también para ello; el esfuerzo de autoridades, funcionarios públicos, médicos, fuerzas armadas, bomberos y policías también debe ser el punto de partida para que las provincias y poblaciones golpeadas por el sismo empiecen a salir adelante.

Incluso las medidas económicas establecidas por el gobierno deben entenderse como la contribución de todos para que Manabí, Esmeraldas y las demás provincias afectadas sigan adelante.

En un primer momento el esfuerzo de todos servirá de apoyo e impulso para que la misma gente camine con optimismo hacia un nuevo futuro.

Lo fuerte viene después, cuando los voluntarios regresen a sus países y a sus casas, cuando la solidaridad de propios y extraños vaya mermando y la gente deba ir acostumbrándose a la vida cotidiana en las nuevas condiciones: sin su casa, sin sus seres queridos, sin trabajo, sin fuentes de recursos.

Ahí comienzan los retos:

En un primer momento, tras la tragedia los damnificados seguramente han sido ubicados en sitios de albergue temporales (calles, plazas, campos deportivos, terrenos agrícolas y baldíos, escuelas, colegios, cuarteles, etc.).

Las autoridades nacionales, los gobiernos locales y la propia población deben entender que esa situación debe ser justamente eso: temporal.

Lo peor que puede acontecer es que las donaciones, propuestas, buena voluntad y apoyo de propios y extraños, a través de construcciones, casitas prefabricadas, viviendas emergentes o lo que fuera, convierta a los campamentos temporales en barriadas definitivas, en asentamientos sin planificación, sin servicios, sin continuidad con la trama urbana… bolsones o guetos de pobreza en medio de las ciudades y poblados.

En un segundo momento se debe enfrentar también el desalojo y disposición de escombros de las edificaciones colapsadas y luego, del material que produzca el derrocamiento de las edificaciones en peligro inminente de colapsar y de aquellas que luego de una evaluación deban también derrocarse según el grado de su afectación estructural.

Resulta importante sin embargo, planificar bien qué hacer con los escombros; un botadero a cielo abierto mal ubicado por premura o facilidad, puede acabar con lechos de ríos, quebradas o esteros, puede deteriorar las playas, deteriorar un zona como área de potencial crecimiento y desarrollo del conglomerado urbano o alterar el mercado del suelo pues nadie quiera un botadero de escombros como vecino. Sin embargo los escombros deberían considerarse como un potencial recurso y materia prima para la reconstrucción. Pueden ser usadas para hacer bloques, adoquines, postes de cerramiento etc.    

Otro tema que enfrentan las poblaciones afectadas tiene que ver con la reparación y puesta en funcionamiento de los servicios básicos, centros de atención en salud y de los otros elementos que permiten el funcionamiento normal de los centros urbanos: transporte, recolección y disposición de desechos, control de aguas lluvias, saneamiento ambiental, prevención y control de epidemias, reactivación de los planteles educativos, comercios, bancos, oficinas públicas, lugares de culto y -sobre todo- de las actividades productivas y de generación de ingresos (comercio, turismo, servicios, etc.) que permitan la reactivación económica.

La realidad es sin embargo bastante dramática en ese sentido, la mayor parte de las poblaciones afectas son balnearios y centros turísticos, paro solo en Manabí un total de 42 establecimientos hoteleros colapsaron por completo, 4 están por colapsar y 18 presentan afectaciones parciales. Por tanto esos hoteles como fuentes de empleo pero sobre todo como receptores del turismo que debería contribuir a la reactivación económica no podrán operar ni ayudar a ese fin. Y sin los hoteles, los restaurantes, bares, comercios y demás actividades vinculadas al turismo tampoco podrán operar para beneficio de la población y las ciudades afectadas.

Una campaña pos-desastre debería tratar de promover el turismo solidario a nivel nacional  e internacional. Es más fácil que los turistas se alojen y coman en carpas pero que las familias de las poblaciones afectadas puedan tener trabajo en las actividades ligadas al turismo y no permanezcan en carpas y campamentos improvisados por mucho tiempo.

La reconstrucción podrá ser otra forma de reactivación económica, ello implica que deberán preverse préstamos y apoyo para que los centros hoteleros y de servicios puedan poder reactivarse en el corto plazo.

Sin embargo y aquí viene lo más importante: hay que  evitar que se reconstruya la informalidad, la precariedad y se repliquen los errores constructivos que originaron el colapso de las edificaciones.

Bajo toldos improvisados y estructuras de caña o madera, con techo de palma, zinc o plásticos, han comenzado a funcionar cocinas y comedores colectivos temporales, donde los propios damnificados y quienes brindan apoyo con trabajo voluntario y suministros aportan con un plato de comida para todos…

Las autoridades nacionales, los gobiernos locales y la propia población deben entender que esa situación también debe ser justamente eso: temporal.

La reactivación de la base económica, el empleo y la economía de las zonas afectadas no deberán sustentarse sino temporalmente en la informalidad. A mediano y más largo plazo, los distintos estamentos del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones de la comunidada y los empresarios privados deben promover iniciativas, estrategias y acciones para resolver esos problemas con mejoras cualitativas que apunten a promover nuevamente el turismo y la acogida de visitantes como la mejor fórmula de reactivar la economía. Lo peor que puede pasar es que playas y poblados se conviertan en ejemplos de miseria y precariedad. Aun si esa realidad es fruto de una catástrofe sumada a las ya precarias condiciones económicas de los más pobres.

En otros países que han pasado por este tipo de desastres, la experiencia muestra que muchas familias inician de inmediato la tarea de reconstruir sus viviendas. Los gobiernos locales no prestan atención al tema de la capacitación y asesoría a la población para la reparación, construcción o reconstrucción de sus viviendas ni al tema del control de normas, regulaciones o a la perspectiva del crecimiento y estructuración del conglomerado urbano de forma ordenada, armónica y en concordancia con el contexto local y ambiental.

Las familias con mayores recursos emprenden la reparación y reconstrucción parcial de sus viviendas repitiendo muchas veces los mismos errores técnicos y constructivos que originaron daños y colapsos. A veces incluso merced a reparaciones menores y en otras ocasiones con graves defectos de inicio, dadas la premura y la falta de materiales y recursos.

En las zonas centrales o más consolidadas de los centros poblados donde el volumen de las inversiones requeridas será necesariamente bastante alto para reponer los edificios, hoteles, centros comerciales que colapsaron,  aparecen terrenos baldíos que pasan a ser ocupados por otro tipo de edificaciones precarias, vivienda, comedores, mercados populares, depósitos de materiales de construcción, etc. 

Las autoridades deben enfrentar de inmediato el proceso de rehabilitación y de asesoría para formalizar la situación legal de los terrenos y buscar la manera de que -en conjunto- propietarios, autoridades, organismos de crédito, sector privado, etc. puedan apoyar y contribuir a reiniciar las actividades comerciales y de servicios que se perdieron. Solo así se podrá reactivar la economía devastada. Caso contrario se perpetuará la precariedad, asunto nada deseable.

Lo más complicado tiene que ver con el tema habitacional de las familias más pobres, que integran el contingente mayor de damnificados, que pueden haberse quedado sin un lugar de morada y buscan desesperadamente opciones y alternativas.

Muchos comienzan a construir donde pueden, se replican procesos de invasión o toma de posesión de espacios públicos, áreas deportivas, terrenos agrícolas, predios baldíos, algunos incluso en zonas de riesgo (laderas, cauces de ríos, zonas inundables, etc.). Comienza así un proceso de creación de asentamientos precarios sin contar con ninguna asesoría o permiso  municipal.

Debido al caos pos-desastre, los gobiernos municipales se ocupan de lo prioritario (rehabilitación de servicios, vías, puentes, etc.), y dejan de lado el necesario control y regulación que debe primar para que la ciudad se reconstruya con seguridad, respeto ambiental, armonía estética y sobre todo, buscando una adecuada calidad de vida futura.  

La ciudad que se crea por las necesidades apremiantes de la gente, con el apoyo  de cooperantes, ONG, iglesias y voluntarios y aun por la acción del Estado, es una ciudad precaria, se hacen edificaciones de todo tipo sin orden ni concierto, que parten del concepto de que son temporales y resultan permanentes, se edifican sin posibilidad de recibir servicios, en áreas de difícil acceso, con callejones y pasillos que nunca llegan a convertirse en calles, sin equipamientos colectivos… resultan el germen de barridas de pobreza en medio de la pobreza. 

Si se construyen viviendas de emergencia, se debe partir del concepto de construir y re-construir “ciudad” y no barridas precarias de refugiados. El Estado, la cooperación multilateral, la cooperación, las iglesias y las ONG pero sobre todos la empresa privada,  comienzan de inmediato a construir y a importar prefabricados y técnicas constructivas del extranjero, optan por filas de casitas una al lado de otra, sin pensar que la vivienda de la gente en la vida real era y -deberá continuar siéndolo- lugar de morada pero también sitio de trabajo y de generación de ingresos; el taller, el restaurante, la bodega de víveres, la tienda, el comercio es también vivienda y no al revés. Dando acceso a casitas no se soluciona el problema, la gente debe poder trabajar y generar sus ingresos, no se trata de proporcionar casitas y luego de que la gente busque qué hacer para vivir, eso es trasladar el problema a otras zonas de las ciudades y seguirán construyendo los tapados de plástico y caña para vender algo en las calles y en las plazas, mientras las casitas permanecen deshabitadas durante el día. La solución debe ser integral. Reconstruir la vida en las ciudades no consiste en hacer casitas consiste en reactivar la vida urbana en todas sus dimensiones. 

Lo peor viene luego.

Los dueños de predios que albergaban a hoteles y edificios que colapsaron comienzan a construir pequeñas edificaciones para tener donde vivir o para reiniciar sus actividades económicas de a poco: cuartos, comedores, bodegas, restaurantes. Lo grave es que esas construcciones se convierten en el germen de futuras ampliaciones y aumentos que llegarán a ser luego pensiones, casas de huéspedes, hoteles, edificios… aun más precarios que los que se cayeron… se repetirán los errores estructurales, los adosamientos inadecuados, la sobrecarga de varios pisos sobre columnas de escasa sección pensadas para uno o dos plantas, etc.

El rol regulador y de control de las edificaciones que deben asumir los municipios aun en medio de la tragedia, debe aplicarse ahora con total severidad, antes de que se emprendan las tareas de reconstrucción de manera informal. No se puede caer en formulas permisibles por populismos, compasiones, caridades o falsos apoyos.

Es de esperar que el ministerio de desarrollo urbano, los propios gobiernos locales y todos los organismos que tienen que ver con estos temas, emprendan las tareas de reconstrucción con exigencias más enérgicas en cuanto al cumplimiento de normas de la construcción. 

Es indispensable adicionalmente que se comprometan seriamente en tareas de información y capacitación a maestros de obra, contratistas, propietarios, organizaciones comunitarias y a la población en general, en lo que tiene que ver con conceptos, principios y criterios referidos a estructuras sismo-resistentes. Brigadas de estudiantes y jóvenes profesionales pueden jugar un papel importante en ese cometido. 

No se trata de discutir si el hormigón, la madera o la guadúa son mejores opciones, sino de posibilitar que cualquier material que se use respete las normas de seguridad y que las obras se lleven a cabo con adecuados procesos de construcción y conocimiento de lo que se debe hacer y aquello que se ha hecho mal y no debería repetirse.

Un buen diseño sísmico no evita que una construcción se afecte, pero una construcción que respeta las normas deja de ser excesivamente vulnerable. No podemos actuar sobre la amenaza, pero sí sobre la vulnerabilidad.

Los retos para los gobiernos locales comienzan ahora.

Las ciudades y pueblos que se han destruido deben reconstruirse buscando mejorar la calidad ambiental y de vida y la reactivación de la base económica y no perpetuando campamentos de refugiados, edificaciones y estructuras urbanas precarias, descontextualizadas y desarticuladas que perpetúen la miseria y no promuevan mejoras de la economía y eleven el orgullo de haber reconstruido pueblos de calidad que sirvan parta traer el turismo y lograr la reactivación productiva, comercial y económica.    

La organización y participación de la comunidad debe jugar un rol prioritario en esos retos. Si las cosas se hacen desde fuera sin su protagonismo, los resultados serán desarraigados y poco prometedores. La gente debe ser actor principal de la reconstrucción y no simple un espectador o "beneficiario".