El sábado 16 de abril un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter impactó con fuerza en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y sobre todo en Manabí. El sismo deja hasta el momento (6 días después de ocurrido) un saldo de más de 580 muertos, centenares de casas y edificaciones destruidas, 8340 heridos, más de 150 desaparecidos, infraestructuras destrozadas y centenares de familias damnificados. Se habla de más de 25000 personas acogidas en albergues temporales.
Los daños y
pérdidas de vidas también han sido muy importantes en las dos ciudades más importantes
y pobladas de la provincia de Manabí: Portoviejo, su capital y Manta, su
principal puerto.
En todas esas
poblaciones se habla de que entre el 50 y el 80 % de las edificaciones de sus
zonas urbanas y sobre el 50% en las zonas rurales han sido afectadas por el
sismo. Las construcciones mixtas de madera y ladrillo o bloque no resistieron la
intensidad del sismo, pero también muchas edificaciones de hormigón sufrieron
serios daños o colapsaron por completo.
Resulta
importante ahora pensar con calma en los retos, oportunidades y amenazas de la
reconstrucción y reactivación tras el terremoto.
Las personas
que han perdido a sus seres queridos, sus bienes, sus fuentes de trabajo e ingresos
obviamente ven un panorama poco alentador y muy trágico en lo inmediato. Pero
lo importante es que puedan recibir apoyo y soporte para seguir adelante.
En un primer
momento la solidaridad de todos los ecuatorianos expresados a través de
generosas donaciones y trabajo voluntario, la colaboración de países amigos a
través de donaciones y el trabajo de rescatistas y brigadistas sirven de
soporte para que la población afectada pueda salir adelante. El trabajo
efectivo de los diversos estamentos del Estado sirve también para ello; el
esfuerzo de autoridades, funcionarios públicos, médicos, fuerzas armadas,
bomberos y policías también debe ser el punto de partida para que las
provincias y poblaciones golpeadas por el sismo empiecen a salir adelante.
Incluso las
medidas económicas establecidas por el gobierno deben entenderse como la
contribución de todos para que Manabí, Esmeraldas y las demás provincias afectadas
sigan adelante.
En un primer
momento el esfuerzo de todos servirá de apoyo e impulso para que la misma gente
camine con optimismo hacia un nuevo futuro.
Lo fuerte
viene después, cuando los voluntarios regresen a sus países y a sus casas,
cuando la solidaridad de propios y extraños vaya mermando y la gente deba ir
acostumbrándose a la vida cotidiana en las nuevas condiciones: sin su casa, sin
sus seres queridos, sin trabajo, sin fuentes de recursos.
Ahí
comienzan los retos:
En un primer
momento, tras la tragedia los damnificados seguramente han sido ubicados en
sitios de albergue temporales (calles, plazas, campos deportivos, terrenos
agrícolas y baldíos, escuelas, colegios, cuarteles, etc.).
Las
autoridades nacionales, los gobiernos locales y la propia población deben
entender que esa situación debe ser justamente eso: temporal.
Lo peor que
puede acontecer es que las donaciones, propuestas, buena voluntad y apoyo de
propios y extraños, a través de construcciones, casitas prefabricadas,
viviendas emergentes o lo que fuera, convierta a los campamentos temporales en
barriadas definitivas, en asentamientos sin planificación, sin servicios, sin
continuidad con la trama urbana… bolsones o guetos de pobreza en medio de las
ciudades y poblados. 
En un segundo momento se debe enfrentar también el desalojo y disposición de escombros de las
edificaciones colapsadas y luego, del material que produzca el derrocamiento de
las edificaciones en peligro inminente de colapsar y de aquellas que luego de
una evaluación deban también derrocarse según el grado de su afectación
estructural.
Resulta
importante sin embargo, planificar bien qué hacer con los escombros; un
botadero a cielo abierto mal ubicado por premura o facilidad, puede acabar con
lechos de ríos, quebradas o esteros, puede deteriorar las playas, deteriorar un
zona como área de potencial crecimiento y desarrollo del conglomerado urbano o
alterar el mercado del suelo pues nadie quiera un botadero de escombros como
vecino. Sin embargo los escombros deberían considerarse como un potencial
recurso y materia prima para la reconstrucción. Pueden ser usadas para hacer
bloques, adoquines, postes de cerramiento etc.
Otro tema
que enfrentan las poblaciones afectadas tiene que ver con la reparación y
puesta en funcionamiento de los servicios básicos, centros de atención en salud y de los otros elementos que permiten
el funcionamiento normal de los centros urbanos: transporte, recolección y disposición de desechos, control de aguas lluvias, saneamiento ambiental, prevención y control de epidemias, reactivación de los planteles educativos, comercios, bancos, oficinas públicas, lugares de culto y -sobre
todo- de las actividades productivas y de generación de ingresos (comercio, turismo,
servicios, etc.) que permitan la reactivación económica.
La realidad
es sin embargo bastante dramática en ese sentido, la mayor parte de las
poblaciones afectas son balnearios y centros turísticos, paro solo en Manabí un
total de 42 establecimientos hoteleros colapsaron por completo, 4 están por
colapsar y 18 presentan afectaciones parciales. Por tanto esos hoteles como
fuentes de empleo pero sobre todo como receptores del turismo que debería
contribuir a la reactivación económica no podrán operar ni ayudar a ese fin. Y
sin los hoteles, los restaurantes, bares, comercios y demás actividades
vinculadas al turismo tampoco podrán operar para beneficio de la población y
las ciudades afectadas.
Una campaña
pos-desastre debería tratar de promover el turismo solidario a nivel
nacional e internacional. Es más fácil
que los turistas se alojen y coman en carpas pero que las familias de las
poblaciones afectadas puedan tener trabajo en las actividades ligadas al
turismo y no permanezcan en carpas y campamentos improvisados por mucho tiempo.
La
reconstrucción podrá ser otra forma de reactivación económica, ello implica que
deberán preverse préstamos y apoyo para que los centros hoteleros y de
servicios puedan poder reactivarse en el corto plazo.
Sin embargo
y aquí viene lo más importante: hay que
evitar que se reconstruya la informalidad, la precariedad y se repliquen
los errores constructivos que originaron el colapso de las edificaciones.
Bajo toldos
improvisados y estructuras de caña o madera, con techo de palma, zinc o
plásticos, han comenzado a funcionar cocinas y comedores colectivos temporales,
donde los propios damnificados y quienes brindan apoyo con trabajo voluntario y
suministros aportan con un plato de comida para todos…
Las
autoridades nacionales, los gobiernos locales y la propia población deben
entender que esa situación también debe ser justamente eso: temporal.
La
reactivación de la base económica, el empleo y la economía de las zonas
afectadas no deberán sustentarse sino temporalmente en la informalidad. A
mediano y más largo plazo, los distintos estamentos del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones de la comunidada y los empresarios privados
deben promover iniciativas, estrategias y acciones para resolver esos problemas
con mejoras cualitativas que apunten a promover nuevamente el turismo y la
acogida de visitantes como la mejor fórmula de reactivar la economía. Lo peor
que puede pasar es que playas y poblados se conviertan en ejemplos de miseria y
precariedad. Aun si esa realidad es fruto de una catástrofe sumada a las ya precarias
condiciones económicas de los más pobres.
En otros
países que han pasado por este tipo de desastres, la experiencia muestra que muchas
familias inician de inmediato la tarea de reconstruir sus viviendas. Los gobiernos
locales no prestan atención al tema de la capacitación y asesoría a la
población para la reparación, construcción o reconstrucción de sus viviendas ni
al tema del control de normas, regulaciones o a la perspectiva del crecimiento y
estructuración del conglomerado urbano de forma ordenada, armónica y en
concordancia con el contexto local y ambiental.
Las familias
con mayores recursos emprenden la reparación y reconstrucción parcial de sus
viviendas repitiendo muchas veces los mismos errores técnicos y constructivos
que originaron daños y colapsos. A veces incluso merced a reparaciones menores
y en otras ocasiones con graves defectos de inicio, dadas la premura y la falta
de materiales y recursos.
En las zonas
centrales o más consolidadas de los centros poblados donde el volumen de las
inversiones requeridas será necesariamente bastante alto para reponer los edificios,
hoteles, centros comerciales que colapsaron,
aparecen terrenos baldíos que pasan a ser ocupados por otro tipo de
edificaciones precarias, vivienda, comedores, mercados populares, depósitos de
materiales de construcción, etc. Las autoridades deben enfrentar de inmediato el proceso de rehabilitación y de asesoría para formalizar la situación legal de los terrenos y buscar la manera de que -en conjunto- propietarios, autoridades, organismos de crédito, sector privado, etc. puedan apoyar y contribuir a reiniciar las actividades comerciales y de servicios que se perdieron. Solo así se podrá reactivar la economía devastada. Caso contrario se perpetuará la precariedad, asunto nada deseable.
Lo más
complicado tiene que ver con el tema habitacional de las familias más pobres,
que integran el contingente mayor de damnificados, que pueden haberse quedado
sin un lugar de morada y buscan desesperadamente opciones y alternativas.
Muchos
comienzan a construir donde pueden, se replican procesos de invasión o toma de
posesión de espacios públicos, áreas deportivas, terrenos agrícolas, predios
baldíos, algunos incluso en zonas de riesgo (laderas, cauces de ríos, zonas
inundables, etc.). Comienza así un proceso de creación de asentamientos
precarios sin contar con ninguna asesoría o permiso municipal.
Debido al
caos pos-desastre, los gobiernos municipales se ocupan de lo prioritario (rehabilitación
de servicios, vías, puentes, etc.), y dejan de lado el necesario control y
regulación que debe primar para que la ciudad se reconstruya con seguridad,
respeto ambiental, armonía estética y sobre todo, buscando una adecuada calidad
de vida futura.
La ciudad
que se crea por las necesidades apremiantes de la gente, con el apoyo de cooperantes, ONG, iglesias y voluntarios y
aun por la acción del Estado, es una ciudad precaria, se hacen edificaciones de
todo tipo sin orden ni concierto, que parten del concepto de que son temporales
y resultan permanentes, se edifican sin posibilidad de recibir servicios, en
áreas de difícil acceso, con callejones y pasillos que nunca llegan a
convertirse en calles, sin equipamientos colectivos… resultan el germen de
barridas de pobreza en medio de la pobreza.
Si se
construyen viviendas de emergencia, se debe partir del concepto de construir y
re-construir “ciudad” y no barridas precarias de refugiados. El Estado, la cooperación
multilateral, la cooperación, las iglesias y las ONG pero sobre todos la empresa
privada, comienzan de inmediato a construir
y a importar prefabricados y técnicas constructivas del extranjero, optan por
filas de casitas una al lado de otra, sin pensar que la vivienda de la gente en
la vida real era y -deberá continuar siéndolo- lugar de morada pero también
sitio de trabajo y de generación de ingresos; el taller, el restaurante, la
bodega de víveres, la tienda, el comercio es también vivienda y no al revés. Dando
acceso a casitas no se soluciona el problema, la gente debe poder trabajar y
generar sus ingresos, no se trata de proporcionar casitas y luego de que la
gente busque qué hacer para vivir, eso es trasladar el problema a otras zonas
de las ciudades y seguirán construyendo los tapados de plástico y caña para
vender algo en las calles y en las plazas, mientras las casitas permanecen deshabitadas
durante el día. La solución debe ser integral. Reconstruir la vida en las
ciudades no consiste en hacer casitas consiste en reactivar la vida urbana en
todas sus dimensiones.
Lo peor viene
luego.
Los dueños
de predios que albergaban a hoteles y edificios que colapsaron comienzan a
construir pequeñas edificaciones para tener donde vivir o para reiniciar sus
actividades económicas de a poco: cuartos, comedores, bodegas, restaurantes. Lo
grave es que esas construcciones se convierten en el germen de futuras
ampliaciones y aumentos que llegarán a ser luego pensiones, casas de huéspedes,
hoteles, edificios… aun más precarios que los que se cayeron… se repetirán los
errores estructurales, los adosamientos inadecuados, la sobrecarga de varios
pisos sobre columnas de escasa sección pensadas para uno o dos plantas, etc.
El rol
regulador y de control de las edificaciones que deben asumir los municipios aun
en medio de la tragedia, debe aplicarse ahora con total severidad, antes de que
se emprendan las tareas de reconstrucción de manera informal. No se puede caer
en formulas permisibles por populismos, compasiones, caridades o falsos apoyos.
Es de
esperar que el ministerio de desarrollo urbano, los propios gobiernos locales y
todos los organismos que tienen que ver con estos temas, emprendan las tareas
de reconstrucción con exigencias más enérgicas en cuanto al cumplimiento de
normas de la construcción.
Es indispensable adicionalmente que se comprometan seriamente en tareas de información y capacitación a maestros de obra, contratistas, propietarios, organizaciones comunitarias y a la población en general, en lo que tiene que ver con conceptos, principios y criterios referidos a estructuras sismo-resistentes. Brigadas de estudiantes y jóvenes profesionales pueden jugar un papel importante en ese cometido.
No se trata de discutir si el hormigón, la madera o la guadúa son mejores opciones, sino de posibilitar que cualquier material que se use respete las normas de seguridad y que las obras se lleven a cabo con adecuados procesos de construcción y conocimiento de lo que se debe hacer y aquello que se ha hecho mal y no debería repetirse.
Un buen diseño sísmico no evita que una construcción se afecte, pero una construcción que respeta las normas deja de ser excesivamente vulnerable. No podemos actuar sobre la amenaza, pero sí sobre la vulnerabilidad.
Los retos para los gobiernos locales comienzan ahora.
Las
ciudades y pueblos que se han destruido deben reconstruirse buscando mejorar la
calidad ambiental y de vida y la reactivación de la base económica y no
perpetuando campamentos de refugiados, edificaciones y estructuras urbanas
precarias, descontextualizadas y desarticuladas que perpetúen la miseria y no
promuevan mejoras de la economía y eleven el orgullo de haber reconstruido
pueblos de calidad que sirvan parta traer el turismo y lograr la reactivación
productiva, comercial y económica.
La organización y participación de la comunidad debe jugar un rol prioritario en esos retos. Si las cosas se hacen desde fuera sin su protagonismo, los resultados serán desarraigados y poco prometedores. La gente debe ser actor principal de la reconstrucción y no simple un espectador o "beneficiario".
Es indispensable adicionalmente que se comprometan seriamente en tareas de información y capacitación a maestros de obra, contratistas, propietarios, organizaciones comunitarias y a la población en general, en lo que tiene que ver con conceptos, principios y criterios referidos a estructuras sismo-resistentes. Brigadas de estudiantes y jóvenes profesionales pueden jugar un papel importante en ese cometido.
No se trata de discutir si el hormigón, la madera o la guadúa son mejores opciones, sino de posibilitar que cualquier material que se use respete las normas de seguridad y que las obras se lleven a cabo con adecuados procesos de construcción y conocimiento de lo que se debe hacer y aquello que se ha hecho mal y no debería repetirse.
Un buen diseño sísmico no evita que una construcción se afecte, pero una construcción que respeta las normas deja de ser excesivamente vulnerable. No podemos actuar sobre la amenaza, pero sí sobre la vulnerabilidad.
Los retos para los gobiernos locales comienzan ahora.
La organización y participación de la comunidad debe jugar un rol prioritario en esos retos. Si las cosas se hacen desde fuera sin su protagonismo, los resultados serán desarraigados y poco prometedores. La gente debe ser actor principal de la reconstrucción y no simple un espectador o "beneficiario".
